(La Jornada)

Mexicali, BC. La pesca ilegal, su aprovechamiento irracional y actos de corrupción representan una amenaza para la almeja generosa, una especie nativa del Golfo de California y la costa oeste de América del Norte.

Se trata de un molusco de alto contenido de nutrientes y proteínas con un valor comercial en los mercados asiáticos que la consideran afrodisíaca y la preparan en sopas, ceviche y sashimis.

El furtivismo funciona en lo que parece ser una red de corrupción que está acabando con las poblaciones de la especie, sacando de competencia a los permisionarios legalmente constituidos, y amenazando la economía de cientos de familias que viven del aprovechamiento regulado de este recurso, consideró el presidente de la delegación Baja California de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola (CANAINPESCA), Sergio Guevara Escamilla.

El empresario dijo que es urgente adoptar medidas emergentes para contener una situación irreversible contra este recurso natural que es afectado además por el desdén y la complacencia de las autoridades federales encargadas de su ordenamiento y vigilancia.

En dos décadas, advirtió, “pusimos en peligro a una especie que pasó desapercibida por siglos y no podemos quedarnos de brazos cruzados contemplando la preocupante reducción de su biomasa, por la sobrepesca ilegal, así como la apatía, incompetencia y posible contubernio de las autoridades”.

Conocida como almeja chiluda por la protuberancia de su sifón que llega a medir 50 centímetros, fue descubierta en el Golfo de California durante la década de los 90.

En 2007, el Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la Universidad Autónoma de Baja California inició la investigación para reproducir la almeja, un año después se reprodujo en el Golfo de California y en 2010 en el Océano Pacífico.

Guevara Escamilla dijo que la alarma proviene de permisionarios y propietarios de plantas certificadas ante la actuación de la forma en que operan los grupos de pesca ilegal y la ausencia de operativos federales.

Tras reconocer que esta pesquería nació con los candados necesarios para garantizar su sustentabilidad, advirtió que se deben instrumentar medidas que incluyan permisos para un polígono específico, limitar el número de embarcaciones, fijar cuotas de captura, talla permitida y programa de manejo.

“Con todas esas medidas, debidamente vigiladas por las autoridades, nada podría salir mal, pero la desgracia comienza cuando entendemos que más del 90% de la producción se exporta a Asia, donde los introductores no tienen ningún reparo en recibir producto ilegal, sobre todo a un precio menor al del mercado”, lamentó.

Sugirió que una estrategia en tierra sería suficiente para detener la extracción furtiva de la especie, toda vez la comercialización ilegal y depredadora es favorecida por el acaparamiento en plantas no certificadas y el uso ilegal de documentos.

Se requiere para ello acciones decididas de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), del Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (INAPESCA) y de las comisiones estatal y federal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS y COEPRIS), que están obligadas a vigilar también el desempeño de inspectores para dilucidar si son parte de la cadena de corrupción.

“Pueden ser muchos los eslabones que integran la cadena que podría hundir a la pesquería de una especie tan generosa en poco tiempo, a menos de que se actúe contra permisionarios que sean sorprendidos haciendo uso ilícito de sus documentos y se retiren los permisos otorgados fuera de la norma”.

Reiteró que se cuenta con todos los instrumentos jurídicos para impedir un efecto catastrófico de la ambición y la negligencia humana, pero sobre todo es posible aprovechar y sostener a una pesquería que podría mantenerse como un detonante de desarrollo para una región que ha sido golpeada por embargos, vedas y presiones internacionales.

(La Jornada)