Cada año, pescadores mexicanos pescan huachinango en aguas de Estados Unidos de manera ilegal. Tan sólo en 2020, autoridades de EEUU atraparon e identificaron a 107 pescadores ilegales que recurrentemente pescan en sus mares. El problema se agrava ya que México no presentó pruebas contundentes de estar solucionando el problema.

Para Estados Unidos, nuestro socio comercial más importante para pescados y mariscos, México es un país que no combate la pesca ilegal e incumple con las condiciones mínimas para garantizar la protección de especies marinas.

Esta evaluación fue dada a conocer en el reporte bianual de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) al Congreso estadounidense, en el que México por cuarta vez –desde 2015- se identifica como un país con pesca ilegal rampante y en donde el gobierno es omiso.

¿A qué pesca ilegal se refiere la NOAA? Cada año, pescadores mexicanos pescan huachinango en aguas de Estados Unidos de manera ilegal. Tan sólo en 2020, autoridades de EEUU atraparon e identificaron a 107 pescadores ilegales que recurrentemente pescan en sus mares. El problema se agrava ya que México no presentó pruebas contundentes de estar solucionando el problema.

Este mismo reporte sugiere que México pierda la certificación para exportar huachinango, lo que sería un duro impacto a la economía de las familias de pescadores y pescadoras mexicanas. La venta de este pescado a Estados Unidos se valora en 660 millones de pesos anuales.

Esto se suma a la pérdida del certificado de exportación de camarón de México a Estados Unidos en abril de este año por no utilizar un dispositivo en las redes que permite que las tortugas marinas no queden atrapadas.

La pesquería de camarón representa más de 5 mil millones de pesos anuales y, según el propio titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) 63 mil pescadores mexicanos dependen de la captura de camarón ribereño. No hay mercado suficiente en México ni las condiciones para exportar a otro país que permita llenar el vacío que deja la pérdida de Estados Unidos como comprador principal de camarón. ¿Qué pasará con las familias de esos 63 mil pescadores?

Todo esto sucede mientras el comisionado de pesca, Octavio Almada Palafox y el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, después de comparecencias ante el Senado y reuniones con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, viajaran a Estados Unidos y junto con el embajador Esteban Moctezuma, buscaran encontrar una salida al atolladero pesquero en el que nos encontramos.

Regresaron muy contentos, sin dar mucho detalle de cómo van a construir una ruta para darle la vuelta a lo que de facto es un embargo al camarón mexicano. Sin embargo, la preocupación crece porque no parece existir un camino claro de cómo lograrán certificarse nuevamente si al día de hoy no podemos probar en México el recorrido completo de los pescados y mariscos, lo que genera dudas en nuestros socios comerciales. Tampoco queda claro, al menos a las autoridades de Estados Unidos, cómo combatirán la pesca ilegal que está por hacernos perder la certificación del huachinango.

Es momento de que la autoridad comprenda que el comercio internacional de pescados y mariscos se ha sofisticado para ofrecer producto sustentable y de calidad a mercados cada vez más exigentes. En México tenemos cooperativas de pescadores y comercializadoras que ofrecen ambas. Sin embargo, entran a la misma bolsa y sufren las mismas sanciones que aquellos que lo hacen mal o de manera ilegal.

El gobierno mexicano debe ofrecer rutas claras y dar certeza a las más de 300 mil familias de pescadoras y pescadores que viven de la posibilidad de encontrar pescado en el mar y de poder venderlo a buen precio. Sin las políticas públicas necesarias, la pesca en México continuará como con las administraciones pasadas, como una actividad del siglo pasado, con pocas posibilidades de alimentar a quienes viven de esta actividad.

Es momento de que las autoridades de pesca se conviertan en aliados de los pescadores y construyan los caminos para garantizar pesca legal y sustentable, para dar seguridad a los países que compran producto mexicano de que aquí hacemos bien las cosas, que combatimos la pesca ilegal y que protegemos especies en peligro.

Pero esto no se hace con promesas ni frases armadas, se requieren acciones concretas. Una de ellas, la aprobación de una norma de trazabilidad que permita rastrear el pescado del barco al plato y dé a la pesca la posibilidad de hacer frente a los desafíos de mercados cada vez más modernos y más exigentes. Esta norma se encuentra detenida en la Conapesca.

México es un gran país pesquero y sus pescadores están a la altura de los mejores del mundo. No requieren prebendas ni dádivas de los gobiernos, sino infraestructura, tecnología, leyes y acciones  que estén a su misma altura.

* Renata Terrazas (@Renaterra_zas) es vicepresidenta de @OceanaMexico.

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Embargos pesqueros, un riesgo latente para México