Puntos Relevantes de la Nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

La Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) sigue operando con normalidad

La nueva Ley no suspende los plazos procesales.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno es ahora la responsable de administrar, implementar y mantener en operación la PNT (Art. 44).
Esta plataforma continúa siendo el canal principal para solicitudes de acceso a la información, medios de impugnación, y cumplimiento de obligaciones.

Obligaciones de los Sujetos Obligados

Todos los sujetos obligados (incluidos sindicatos que ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad) deben informar a su autoridad garante qué artículos y fracciones de la Ley les son aplicables (Art. 65, último párrafo).
La autoridad garante valorará esta información para validar su aplicación.

Autoridades garantes para los sindicatos

Sindicatos del Apartado A (sector privado y algunas dependencias federales):
- Su autoridad garante es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
Sindicatos del Apartado B (trabajadores al servicio del Estado):
- Su autoridad garante es el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (Art. 3, fracción V).
Cualquier persona puede solicitar información de los sindicatos ante la autoridad laboral correspondiente.

Recurso de Amparo

Ahora es posible recurrir al juicio de amparo ante cualquier resolución en materia de transparencia que contravenga los intereses de los sindicatos, fortaleciendo así su protección jurídica y el derecho de audiencia.

Verificaciones Vinculantes

Las autoridades garantes realizarán verificaciones vinculantes de forma periódica, aleatoria y muestral.
Estas verificaciones tienen efectos obligatorios y pueden derivar en medidas de apremio y sanciones si se detecta incumplimiento (Art. 59).

DOF – Diario Oficial de la Federación

Resumen del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de marzo de 2025:

Objeto Principal del Decreto:

Este Decreto representa una reestructuración significativa del marco legal de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales en México. Principalmente:

Expide tres nuevas leyes federales:
- Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAPIP).
- Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO).
- Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP).
Reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF): Para alinear las facultades de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno con las nuevas leyes.
Abroga (deroga) las leyes federales anteriores sobre estas materias, incluyendo las leyes generales y federales de transparencia y las leyes de protección de datos (tanto para sujetos obligados como para particulares), así como un acuerdo de verificación específico para 2025.
Disuelve el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI): Transfiriendo sus funciones, personal, recursos y sistemas a nuevas entidades, principalmente la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SFP/SABG) y un nuevo órgano desconcentrado denominado “Transparencia para el Pueblo” (adscrito a la SABG), así como a otras autoridades de control existentes (judiciales, legislativas, órganos autónomos, INE para partidos políticos).

Resumen de las Nuevas Leyes Expedidas:

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAPIP):
- Establece los principios (máxima publicidad, gratuidad, etc.), bases y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad o entidad que use recursos públicos (“sujetos obligados”).
- Define las obligaciones de transparencia comunes y específicas que deben publicar los sujetos obligados.
- Regula la Plataforma Nacional de Transparencia (ahora administrada por la SABG).
- Establece el Sistema Nacional de Acceso a la Información, coordinado por un Consejo Nacional presidido por la SABG.
- Define las “Autoridades Garantes” (federales y locales), especificando que la autoridad garante federal es “Transparencia para el Pueblo”.
- Regula la clasificación de información (reservada y confidencial) y el proceso para crear versiones públicas.
- Detalla los procedimientos para solicitar información y los recursos de revisión e inconformidad ante las autoridades garantes.
- Establece medidas de apremio y sanciones por incumplimiento.
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO):
- Regula el tratamiento de datos personales por parte de los “sujetos obligados” (sector público).
- Establece principios (licitud, finalidad, consentimiento, calidad, seguridad, etc.) y deberes (confidencialidad, seguridad, aviso de privacidad).
- Garantiza los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición) y el derecho a la portabilidad de datos.
- Define las responsabilidades del “Responsable” (sujeto obligado) y del “Encargado” (quien trata datos por cuenta del responsable).
- Regula las transferencias y remisiones de datos.
- Introduce la obligación de realizar Evaluaciones de Impacto en la Protección de Datos Personales para tratamientos intensivos o relevantes.
- Establece reglas específicas para datos en posesión de instancias de seguridad y justicia.
- Define las autoridades responsables (Comité de Transparencia del sujeto obligado, Unidad de Transparencia, Secretaría Anticorrupción y Autoridades Garantes).
- Regula los recursos de revisión ante la Secretaría o Autoridades Garantes y los procedimientos de verificación y sanción.
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP):
- Regula el tratamiento de datos personales por parte de personas físicas o morales de carácter privado (“sujetos regulados”).
- Establece principios y deberes similares a la LGPDPPSO, pero adaptados al sector privado. El consentimiento (tácito o expreso según el tipo de dato) es fundamental.
- Garantiza los derechos ARCO.
- Regula las transferencias de datos entre particulares.
- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno es la principal autoridad de supervisión y sanción.
- Detalla los procedimientos de protección de derechos (ante la Secretaría), de verificación y de imposición de sanciones (incluyendo multas significativas).
- Tipifica delitos relacionados con el tratamiento indebido de datos personales con fines de lucro.

Aspectos Clave de la Transición (Transitorios):

Extinción del INAI: Se detallan los pasos para la transferencia de personal (respetando derechos laborales), recursos materiales, financieros, sistemas (incluida la Plataforma Nacional), archivos, asuntos en trámite (recursos, verificaciones, etc.) y la extinción de su Órgano Interno de Control. Se crea un Comité de Transferencia temporal.
Nuevas Autoridades: Las funciones del INAI se distribuyen entre la SABG, “Transparencia para el Pueblo”, y otras contralorías y órganos de control ya existentes en los poderes judicial, legislativo y órganos autónomos.
Sistema Nacional: Se establece el plazo para la instalación del nuevo Consejo del Sistema Nacional.
Armonización Local: Se espera que las entidades federativas armonicen sus leyes; mientras tanto, los organismos garantes locales existentes continúan operando bajo la nueva ley general en lo aplicable.
Especialización Judicial: Se ordena al Poder Judicial Federal crear juzgados y tribunales especializados en estas materias y se suspenden plazos en amparos existentes hasta que esto ocurra.

En esencia, este Decreto centraliza en la Administración Pública Federal (principalmente la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno) y otros órganos de control existentes, las funciones de garantía y supervisión de la transparencia y la protección de datos, desapareciendo al órgano autónomo INAI y expidiendo un nuevo conjunto de leyes para regular estas materias tanto en el sector público como en el privado.